Desde fines del Medioevo hasta la Edad Contemporánea, el mundo occidental atravesó dos procesos casi simultáneos que dieron forma a nuestra actual realidad política: la separación entre el poder temporal y el espiritual, y la transición del régimen monárquico al régimen democrático. Los dos resultados han sido el Estado laico y la democracia.

Jacques Maritain, célebre filósofo católico, afirmaba que la separación entre la comunidad civil y el dominio de la Iglesia provenía del desarrollo de la distinción evangélica entre las cosas que son del César y las cosas que son de Dios. Además, sostenía que la democracia estaba inspirada en las enseñanzas de Cristo, porque el cristianismo ha enseñado a los pueblos la unidad del género humano, la igualdad de natu­raleza de todos los hombres, la dignidad de cada alma creada a imagen de Dios, la digni­dad del trabajo y la dignidad de los pobres, la inviolabilidad de las conciencias o la vigilancia de la justicia.


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Más allá de estas reflexiones, existe un consenso en definir a la democracia como el sistema político en el que la soberanía, es decir, la autoridad por derecho, corresponde al pueblo. Esto significa que cada persona recibe una porción de aquella soberanía y entre todas tienen la potestad de dirigir el destino de un Estado, convirtiéndose así en ciudadanos. Por razones prácticas, se han confeccionado sistemas representativos que, respetando el principio democrático, permiten realizar una delegación de la autoridad del pueblo en determinados  representantes que lo hacen en su nombre.

Ahora bien, como la democracia establece una teoría política en la cual la soberanía reside por partes iguales en cada uno de los miembros de la comunidad, debe estar necesariamente inspirada en un conjunto de valores que permitan una convivencia social pacífica y provechosa entre las personas, seres libres e iguales. A este conjunto de valores de los que depende una plena y vigorosa democracia, Jacques Maritain los ha caracterizado como una fe secular. Atención, esto de ninguna manera reemplaza la fe religiosa ni la transforma en una versión laicizada vaciada de su sustancia. Se trata más bien de un acuerdo práctico sobre determinadas nociones del orden temporal, entre personas que pueden pensar diferente pero que se comprometen a respetarse mutuamente y a respetar  valores que sostienen la convivencia social.

¿Cuáles son estos valores de los cuales depende una democracia consolidada?


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Si quieres ahondar en esta temática desde un punto de vista cristiano puedes consultar el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia o alguno de los siguientes artículos de Jacques Maritain: «El principio pluralista en la democracia», «La ley natural o derecho natural», «El cristianismo y la democracia» y «La carta democrática».

1. Libertad y pluralismo

El ser humano, que está dotado de inteligencia y determina sus fines por sí mismo, debe acordarse a los fines necesariamente exigidos por su naturaleza. Esta facultad exige libertad y por lo tanto, sus derivados: libertad de conciencia, expresión y acción dentro de los límites previstos por la convivencia social. El Estado no tiene autoridad para obligar al hombre a reformar el juicio de su conciencia, como tampoco tiene el poder de imponer a los espíritus su criterio sobre el bien y el mal, ni de imponer creencia alguna, sea cual sea. De igual forma, ningún hombre ni ningún grupo social tiene por sí mismo el derecho de mandar a los demás.

Una democracia auténtica no puede imponer a sus ciudadanos o exigirles como condición de pertenencia a una comunidad política un credo religioso o filosófico. Luego puede esperarse como normal que en una cultura y sociedad democrática, las diferentes escuelas religiosas o filosóficas entren en libre competición; lo importante es que ninguna pretenda imponerlas por la fuerza. El respeto de este principio es el pluralismo y es indispensable para una democracia sana. Cuando desde el Estado se intenta imponer contenidos educativos que pretenden negar la diferencia natural entre varón y mujer y su complementariedad, y/o cuando se imponen límites a la libertad de expresión de quien lo afirma, con el pretexto de proteger a un determinado grupo social de la discriminación (aunque no se hable de personas), este valor elemental de la democracia es ultrajado.

2. Respecto a la dignidad de la persona y la vida humana

La persona es el fin último de la sociedad. Todo el orden social y su progresivo desarrollo debe estar subordinado al bien de la persona. Esta, aunque forme parte del Estado, lo trasciende por su libertad espiritual y su vocación a los bienes absolutos. El ser humano tiene derechos previos solo por el hecho de serlo, un todo dueño de sí y de sus actos, y que por lo tanto no es un medio sino un fin. De allí la necesidad imperativa de que todos los programas sociales, científicos y culturales estén guiados por la conciencia de la supremacía de cada ser humano, y que bajo ningún caso sean instrumentalizados para fines ajenos a su mismo desarrollo. La persona de ningún modo puede ser utilizada como medio para la consecución de proyectos de carácter económico, social y político.

En relación a esa dignidad de la persona, la vida humana cobra una relevancia suprema en relación a cualquier otro derecho invocado, considerada desde el momento de la concepción hasta su conclusión natural.

La extensión del aborto en la legislación de diversos países o la manipulación de embriones humanos sometiéndolos a exámenes de calidad o incluso experimentando con ellos, son algunas de las tantas formas en que se viola este imperativo respecto a la dignidad de la persona y la vida humana.

3. El principio del bien común y la solidaridad

La idea del bien común no es equiparable ni a la idea de un igualitarismo nivelador ni a la suma de los bienes particulares, sino que se trata  del conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección.

El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad y ninguno está exento de colaborar, según las propias capacidades, en su consecución y desarrollo. Debe existir un deber social hacia las personas débiles y que sufren, y debe existir una convicción de que la obra política por excelencia es convertir la vida común en mejor y más fraternal. El principio del bien común va asociado al principio de solidaridad que debe impulsar a los hombres a cultivar aún más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos, a comprometerse con la causa en común, con la búsqueda del entendimiento incluso cuando prevalece la lógica de la separación, y a desvivirse por el bien del otro superando toda forma de individualismo.

Para garantizar una convivencia social donde todos los seres humanos puedan ejercer con plenitud los derechos que la democracia les asegura, deben poder disponer los bienes materiales y espirituales para su propio desarrollo. Por eso, cuando cientos de miles de hombres son privados de estos recursos esenciales, condenados a vivir en barrios de emergencia o en las calles, este principio clave para una democracia plena es olvidado.

4. El principio de subsidiariedad

Este principio hace referencia a aquellas agrupaciones de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. Conforme a esta realidad, todas las sociedades de orden superior, como el Estado, deben ponerse en una actitud de apoyo, promoción y desarrollo respecto de las menores. La subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares, y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas.

De estas asociaciones que el Estado debe proteger, la familia es la primera sociedad natural y titular de derechos propios y originarios. Es producto de la íntima comunión de vida y amor conyugal fundada sobre el matrimonio entre un varón y una mujer, y posee una específica y original dimensión social por su lugar primario de relaciones interpersonales. Además de la importancia de la familia para la propia persona, tiene una importancia fundamental para la sociedad porque es la comunidad natural donde se experimenta la sociabilidad humana, donde se aprende a vivir según un “nosotros”, siendo el mejor refugio contra las tendencias individualistas o colectivistas que atentan contra el principio democrático.

El fin de la familia no es solo engendrar nuevos seres humanos sino criarlos y formarlos tanto espiritual como materialmente. Esto atañe también al ámbito educativo. La función de la escuela y el Estado son funciones auxiliares en relación con el grupo familiar. La familia, sujeto titular de derechos inviolables, encuentra su legitimación en la naturaleza humana y no en el reconocimiento del Estado. Cuando el Estado impone un centralismo excesivo a través de sus aparatos públicos inhibiendo toda iniciativa ajena, cuando se establecen legislaciones que pretenden sustraer las potestades irrenunciables que le corresponden a la familia, o incluso cuando se viola el derecho de los niños a ser criados y educados en una familia conforme a la naturaleza humana, esta cualidad de una sana democracia es avasallada.

5. La participación

El principio de la subsidiariedad habilita la participación, caracterizada por todas las actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece.

La participación es de extrema importancia en una democracia pujante, porque a partir de ella el ciudadano ejerce libre y responsablemente su papel cívico para y con los demás. Es fundamentalmente la forma idónea en que se puede reclamar por un mejoramiento de la sociedad y del régimen político, por el olvido de algunos de los valores democráticos o para impedir la puesta en vigencia de un orden inicuo.

Espero que el recurso te ayude a cuidar la democracia y a defender sus valores 🙂